Municipios sin acceso a la banda ancha desconectan sus 'telecentros' - El Estado financió hace tres años su lanzamiento, pero el contrato ha expirado
La brecha digital no se cierra. Los intentos del Gobierno por extender la sociedad de la información a los pequeños y despoblados territorios rurales han chocado con una barrera: la de la crisis. Muchos municipios que se acogieron al programa de telecentros (un plan oficialmente conocido como Puntos de Acceso Público Rural y financiado por el Ministerio de Industria) han echado el cierre a estos locales públicos que abrían la puerta a las nuevas tecnologías de forma gratuita. La banda ancha de Internet se ha apagado justo cuando las subvenciones se han agotado. La placa - Entra y navega- colocada por la entidad estatal Red.es, ha desaparecido de muchas fachadas.
El programa Internet Rural, impulsado por los ministerios de Agricultura e Industria y por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) perseguía "garantizar el acceso a Internet en condiciones óptimas" a los ciudadanos del medio rural. Iba dirigido a poblaciones que tenían cobertura mediante las tecnologías de acceso a Internet de banda ancha más extendidas (ADSL o cable). La alternativa fue el satélite.
El plan fue diseñado en 2003 y desde entonces, Red.es, organismo adscrito a Industria, ha invertido 34,8 millones de euros en la instalación de 2.964 telecentros. A éstos se unen los que nacieron al amparo de las administraciones autonómicas y locales. En total, más de 5.400 pueblos -la mayoría situados en zonas remotas y poco pobladas- de los que se han beneficiado alrededor de 600.000 personas. Estos centros de acceso a Internet han estado funcionado durante los tres años de vigencia del contrato de Red.es con los ayuntamientos. Transcurrido este plazo, el 58% de los casi 3.000 telecentros siguen activos. Han sido traspasados y ahora es la administración autonómica la que ha asumido los costes. La dirección general de Telecomunicaciones, dependiente de Industria, calcula que "en los próximos días" se van a traspasar otros 190, con lo que el porcentaje de telecentros que seguirán enganchados a Internet será de 64,4%. ¿Y el resto? Algunos municipios han optado por apagar los ordenadores. Aseguran que no tienen recursos para asumir su coste. Y nada hace suponer que vayan a recibir en breve financiación. Se han quedado sin terminales y ha desaparecido incluso la antena parabólica que permitía acceder a Internet a través del satélite. Aunque algunos municipios consultados no han dado cifras sobre lo que costaría mantener viva la conexión, Industria estima que el coste mensual de un telecentro oscila entre 100 y 130 euros.
Además del acceso a Internet, el convenio con Industria garantizaba el equipamiento del centro, su control y gestión, la instalación y el mantenimiento, clases de formación y portales de servicios para poblaciones rurales. "Red.es no cierra los telecentros", sostiene Industria. "Estamos en un proceso de traspaso ordenado, hablando con las comunidades autónomas, las diputaciones y los cabildos para que se hagan cargo de la conexión. Nuestra idea es traspasar el 100% de las instalaciones".
Internet Rural aspiraba a limar la brecha digital, es decir, la discriminación de los ciudadanos según la calidad de su acceso a Internet. Tener a su alcance banda ancha era una puerta abierta a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Además de la barrera económica, la exclusión digital tiene un componente geográfico. Poblaciones ubicadas fuera del área de cobertura de las redes de ADSL caían de lleno en la zanja digital.
Los telecentros vinieron a mitigar estos desequilibrios. A principios de 2005, poco después de la puesta en marcha del programa estatal, el municipio soriano de Miño de San Esteban había marcado tendencia. El 53% de la población censada (47 habitantes sobre 90) utilizaba la banda ancha, un porcentaje similar al de Corea del Sur, un país paradigmático en el mundo de las telecomunicaciones, según apuntaba entonces el Gobierno.
Hoy, Miño de San Esteban sigue conectado, pese a que ha expirado el acuerdo con Red.es. José Peñalba, su alcalde, es un convencido de las ventajas de Internet. Incluido en el Programa Internet Rural, el municipio se conectó hace cinco años. El Ayuntamiento habilitó un local público para la instalación de los equipos (seis ordenadores, impresora) conectados a una antena parabólica que facilitaba el acceso a Internet vía wi-fi. "Los ordenadores cada vez se utilizan menos. Ahora, cada uno se lleva su portátil", comenta Peñalba, que ha apostado por mantener vivo Internet para los 74 habitantes que tiene ahora el pueblo. Aunque el coste de llevar la señal (alrededor de 500 euros al año) no corra a cargo del Estado sino de sus propias arcas.
"Al principio la gente lo recibió con mucho ánimo, pero luego ya no acudían al telecentro", cuenta Peñalba. Una de las cosas que peor llevaban era adaptarse a los horarios para acudir a los cursillos de formación. Peñalba, que trabaja en una empresa de electricidad, no duda de que Internet es "una herramienta muy útil", aunque admite que hace cinco años lo veía como "algo difícil y complicado, casi imposible". Ahora utiliza la Red para enviar planos o para conectarse con su partido (el PSOE).
La extensión de la banda ancha ha sido meteórica. En 2003, cuando se puso en marcha el plan de Acceso Público Rural, sólo un 20% del territorio español tenía cobertura de ADSL. Ahora llega al 98,8%, según Industria. Las zonas rurales están más castigadas, ya que el porcentaje se queda en el 87%, según el informe sobre la Sociedad de la Información 2008 elaborado por la Fundación Telefónica. De los 7,7 millones de hogares que tenían acceso a Internet el año pasado, 6,6 utilizaban la banda ancha (una gran mayoría gracias al ADSL). El Gobierno ha declarado "servicio universal" este tipo de conexión, independientemente del tipo de tecnología y la ubicación geográfica. Pero la España rural navega a una velocidad inferior.
El plan fue diseñado en 2003 y desde entonces, Red.es, organismo adscrito a Industria, ha invertido 34,8 millones de euros en la instalación de 2.964 telecentros. A éstos se unen los que nacieron al amparo de las administraciones autonómicas y locales. En total, más de 5.400 pueblos -la mayoría situados en zonas remotas y poco pobladas- de los que se han beneficiado alrededor de 600.000 personas. Estos centros de acceso a Internet han estado funcionado durante los tres años de vigencia del contrato de Red.es con los ayuntamientos. Transcurrido este plazo, el 58% de los casi 3.000 telecentros siguen activos. Han sido traspasados y ahora es la administración autonómica la que ha asumido los costes. La dirección general de Telecomunicaciones, dependiente de Industria, calcula que "en los próximos días" se van a traspasar otros 190, con lo que el porcentaje de telecentros que seguirán enganchados a Internet será de 64,4%. ¿Y el resto? Algunos municipios han optado por apagar los ordenadores. Aseguran que no tienen recursos para asumir su coste. Y nada hace suponer que vayan a recibir en breve financiación. Se han quedado sin terminales y ha desaparecido incluso la antena parabólica que permitía acceder a Internet a través del satélite. Aunque algunos municipios consultados no han dado cifras sobre lo que costaría mantener viva la conexión, Industria estima que el coste mensual de un telecentro oscila entre 100 y 130 euros.
Además del acceso a Internet, el convenio con Industria garantizaba el equipamiento del centro, su control y gestión, la instalación y el mantenimiento, clases de formación y portales de servicios para poblaciones rurales. "Red.es no cierra los telecentros", sostiene Industria. "Estamos en un proceso de traspaso ordenado, hablando con las comunidades autónomas, las diputaciones y los cabildos para que se hagan cargo de la conexión. Nuestra idea es traspasar el 100% de las instalaciones".
Internet Rural aspiraba a limar la brecha digital, es decir, la discriminación de los ciudadanos según la calidad de su acceso a Internet. Tener a su alcance banda ancha era una puerta abierta a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Además de la barrera económica, la exclusión digital tiene un componente geográfico. Poblaciones ubicadas fuera del área de cobertura de las redes de ADSL caían de lleno en la zanja digital.
Los telecentros vinieron a mitigar estos desequilibrios. A principios de 2005, poco después de la puesta en marcha del programa estatal, el municipio soriano de Miño de San Esteban había marcado tendencia. El 53% de la población censada (47 habitantes sobre 90) utilizaba la banda ancha, un porcentaje similar al de Corea del Sur, un país paradigmático en el mundo de las telecomunicaciones, según apuntaba entonces el Gobierno.
Hoy, Miño de San Esteban sigue conectado, pese a que ha expirado el acuerdo con Red.es. José Peñalba, su alcalde, es un convencido de las ventajas de Internet. Incluido en el Programa Internet Rural, el municipio se conectó hace cinco años. El Ayuntamiento habilitó un local público para la instalación de los equipos (seis ordenadores, impresora) conectados a una antena parabólica que facilitaba el acceso a Internet vía wi-fi. "Los ordenadores cada vez se utilizan menos. Ahora, cada uno se lleva su portátil", comenta Peñalba, que ha apostado por mantener vivo Internet para los 74 habitantes que tiene ahora el pueblo. Aunque el coste de llevar la señal (alrededor de 500 euros al año) no corra a cargo del Estado sino de sus propias arcas.
"Al principio la gente lo recibió con mucho ánimo, pero luego ya no acudían al telecentro", cuenta Peñalba. Una de las cosas que peor llevaban era adaptarse a los horarios para acudir a los cursillos de formación. Peñalba, que trabaja en una empresa de electricidad, no duda de que Internet es "una herramienta muy útil", aunque admite que hace cinco años lo veía como "algo difícil y complicado, casi imposible". Ahora utiliza la Red para enviar planos o para conectarse con su partido (el PSOE).
La extensión de la banda ancha ha sido meteórica. En 2003, cuando se puso en marcha el plan de Acceso Público Rural, sólo un 20% del territorio español tenía cobertura de ADSL. Ahora llega al 98,8%, según Industria. Las zonas rurales están más castigadas, ya que el porcentaje se queda en el 87%, según el informe sobre la Sociedad de la Información 2008 elaborado por la Fundación Telefónica. De los 7,7 millones de hogares que tenían acceso a Internet el año pasado, 6,6 utilizaban la banda ancha (una gran mayoría gracias al ADSL). El Gobierno ha declarado "servicio universal" este tipo de conexión, independientemente del tipo de tecnología y la ubicación geográfica. Pero la España rural navega a una velocidad inferior.
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